por Pablo Presas
Nunca entendí (hasta ahora) las razones para tanta animosidad, trabas y dificultades que desde el año 2019 el municipio nos viene poniendo ante nuestros emprendimientos privados. Después de todo, cuando junto con mi mujer, decidimos jugarnos invirtiendo nuestro capital en esta ciudad, apostando a consolidar un desarrollo que mejoraría el bienestar de muchos vecinos, potenciando a la vez el empleo y la producción, supusimos que desde el Municipio tendríamos sino un apoyo explícito (dada la apuesta a invertir en nuestra ciudad), al menos cierta neutralidad para garantizar las mismas reglas de juego que al resto.
Pero nada más lejos de la realidad. Es que desde un primer momento fue evidente la desconfianza, el ninguneo y la discrecionalidad que caracteriza a un gobierno donde la regla es el amiguismo y la corrupción. Algunos funcionarios fueron encomendados para entorpecer de cualquier manera nuestro desarrollo (por ejemplo Molina Rearte). Cualquier consulta personal significaba esperar 2 horas que te atiendan en una oficina, las 2 o 3 notas atendidas (de las más de 30 que se enviaron) fueron respondidas por escrito 6 meses después. Las respuestas siempre eran verbales y cambiaban de una semana a la otra. Los pedidos de audiencia siempre completamente ignorados. Cuando finalmente se aprobó comenzar el desarrollo (Por Resol. 3906/2020 del Honorable Concejo Deliberante), desde el ejecutivo se comenzó a entorpecer aún más el debido proceso.
Pese a todo, y aún en plena pandemia, pasaron dos años de inversiones, esfuerzo y trabajo para culminar un desarrollo inmobiliario de calidad premium en nuestra ciudad, con todas las obras y requisitos completados y terminados a su máxima calidad (más de 10 puntos como gas natural, sistema contra incendios, pavimento articulado, arbolado natural, informe de impacto ambiental, y con una planta de tratamiento de líquidos cloacales modelo que arroja agua apta para riego mientras la ciudad sigue tirando crudo al río Uruguay). Hoy muchas familias disfrutan y están agradecidas del lugar donde construyeron sus hogares.
Sin embargo, y luego de haber demostrado y cumplido nuestra parte con hechos concretos, con plata invertida, y con resultados comprobables; la mala intencionalidad municipal continuó. No solo con constantes inspecciones y pedidos de informes sino también con toda clase de acciones tendientes a boicotear nuestro incipiente emprendimiento con la clara intención de impedirnos el crecimiento y atentar contra nuestro medio de vida. El punto cúlmine fue cuando luego de más de 1 año de trabajo con la comisión de obras públicas, se logró un acuerdo para cumplimentar con la compensación municipal en igualdad de condiciones a los otros barrios; acuerdo que fue puesto a votación en aquella famosa sesión del HCD donde se aprobó la resolución por 9 de 13 votos. Pero sin embargo, y pese a la mayoritaria aprobación de los concejales, Oliva decidió sorprendentemente vetar la misma.
Así, y como una historia que solo se entiende al final y luego de terminar de atar varios cabos sueltos, hay que considerar también la actual modificación del código urbano (COTA) propiciada por el ejecutivo y duramente cuestionada por la mayoría de los colegios y asociaciones locales (Cámara de Desarrolladores Urbanos, Colegio de Corredores Inmobiliarios, Colegio de Agrimensores, Colegio de Escribanos) que alegan muchísimos vicios que harán inviable todo nuevo desarrollo produciendo escases de lotes y viviendas en nuestra ciudad.
Realmente, no se entiende como desde el municipio se insiste tanto con esta reforma tan perjudicial para nuestra sociedad, a no ser que la verdadera intención sea justamente impedir la competencia para beneficiar a las urbanizaciones ya autorizadas y que son los únicos que actualmente pueden vender lotes y que fijan un precio alto dado que no tienen nueva competencia gracias en gran medida a la resolución 10.495/2019. Un «club de amigos» que gozan de dicho privilegio y que gozarán también de un nuevo COTA que apunta a restringir la competencia de nuevos desarrollos y que de hecho, fue lo que sucedió en estos 4 últimos años donde prácticamente no se aprobó ningún nuevo emprendimiento a pesar del déficit habitacional que sufre nuestra ciudad. (Basta leer el artículo 91 como tan sólo un ejemplo de tantos otros dentro de los vicios del nuevo COTA: «la autoridad de aplicación denegará un nuevo loteo cuando existan en los alrededores otros loteos que aún no se hayan vendido o tengan poca edificación», lo cual establece una discrecional intromisión sobre el derecho de propiedad que beneficia al «club de amigos» representado por los desarrollos ya aprobados)
Y la historia termina de cerrar cuando a pesar de la constante animosidad contra los barrios cerrados y contra toda nueva urbanización (sumado a la virtual prohibición de nuevos barrios privados en el nuevo COTA dada por el artículo 130° que fija un ridículo límite de 2ha para barrios cerrados cuando por ejemplo Las Acacias tiene aproximadamente 90ha), uno se entera que, y contrario a sus prédicas, no sólo el actual Secretario de Planeamiento Urbano se está haciendo una casa en el barrio privado Rancho Doble S, sino también que nada menos que el actual Intendente Municipal Martín Oliva se está construyendo una fastuosa mansión en el barrio privado Las Acacias (urbanización que también se beneficia enormemente del actual statuo quo dado por dicha resolución y por el nuevo COTA).
Que Oliva se esté construyendo su futuro hogar en dicho barrio no tiene nada de malo por sí mismo, cualquiera que quiera y pueda, está en su pleno derecho de tener una vivienda en un barrio privado. Lo irónico de la situación es que con el actual COTA, que quieren aprobar entre gallos y medianoche, se está restringiendo el derecho de que otros uruguayenses puedan también acceder a un barrio privado con precios más competitivos dados por una mayor oferta y desarrollo de otros barrios. Una vez más, la gran grieta entre lo que se pregona y lo que se hace, entre la política y la gente común que ve reducida su posibilidad de una mayor oferta de lotes y viviendas en nuestra ciudad.
Y al final de todo, lo triste no es sólo el ninguneo, la discrecionalidad, el constante cambio de reglas de juego y hasta las resoluciones ilegales de ciertos funcionarios que se creen dueño del estado municipal y se pasan por alto todo el derecho administrativo; tratando de forma diferente a los amigos y a los que no son del «palo». Lo triste es que este tipo de conductas atentan contra el clima de inversión y empleo privado que se debería estar fomentando en nuestra ciudad para evitar tanto éxodo de jóvenes y tanta pobreza y creciente dependencia del estado, de los planes y de los subsidios.
Saquen sus propias conclusiones.
Pensando Concepción 