
Por Juan de Dios Cincunegui en Linkedin
Javier Milei es el décimo presidente de Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, hace cuarenta años. Antes gobernaron Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001), Adolfo Rodríguez Saá (apenas 7 días, en 2001), Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015, Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2015-2023).
El mayor signo político gobernante del período fue el peronismo en sus distintas variantes, con veintiocho años y medio (71,25% del período), correspondiendo el tiempo remanente, unos once años y medio (28,75%), a gobiernos no peronistas (siete años y medio de la Unión Cívica Radical; y otros cuatro de Juntos por el Cambio, alianza liderada por el PRO, pero integrada también por la UCR como un socio político importante).
En términos del rol del Estado en la sociedad y de la orientación de las políticas públicas, en especial aquellas vinculadas con la economía y las finanzas, Argentina viene sufriendo brutales marchas y contra-marchas, lo que la convierte en un país de permanentes “ciclos” que lo llevan de un extremo al otro. Lo curioso es, sin embargo, que esas orientaciones responden a una mezcla tanto de gobiernos peronistas como no peronistas.
Pese a enormes diferencias de liderazgo, contexto y gestión de gobierno, Menem y Macri impulsaron políticas de reducción y menor injerencia del Estado en la economía; mientras Alfonsín y los Kirchner (Néstor, Cristina y Alberto Fernández) respaldaron políticas intervencionistas y de expansión y agrandamiento del Estado. El resto fueron gobiernos cortos o directamente efímeros, de transición o de emergencia (De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde).
Desde el 10 de diciembre pasado y durante los próximos cuatro años (2023-2027), Javier Milei ha prometido impulsar nuevamente políticas de desmantelamiento del Estado y de liberalización de la economía.
¿Qué similitudes y diferencias hay entre Menem y Milei, por un lado, y Macri por el otro?
Las dos principales son que tanto Menem como Milei recibieron un país con una situación muchísimo más compleja que Macri, y que en ambos casos decidieron impulsar reformas profundas orientadas a la reducción del Estado desde el mismísimo inicio de sus gobiernos. De Menem y Macri conocemos los resultados. De Milei todavía está por verse. Está claro que el gobierno de Juntos por el Cambio fue distinto, toda vez que tuvo poco de “cambio” y mucho de “statu quo”, uno de los motivos por el cual, seguramente, no sólo no logró la reelección sino, además, perdió la reciente carrera presidencial.
No debe olvidarse que durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín y el primer año de transición del gobierno de Carlos Menem, la inflación alcanzó cuatro dígitos, con un 4.923% anual en 1989, y un 1.343% anual en 1990, lo cual causó un terrible caos y sufrimiento en la sociedad argentina. Sin embargo, el plan desarrollado por Menem, enmarcado en las famosas Leyes Nº23.696 de Reforma del Estado y Nº23.697 de Emergencia Económica, (ambas del 23 de agosto de 1989, recién comenzado el gobierno) permitieron uno de los períodos de mayor bonanza de Argentina, pocos años después malogrados, entre otras cosas, por problemas de institucionalidad asociados a los intentos del entonces Presidente por la re-reelección; los altos niveles de corrupción y un elevado gasto público consecuente; a los que se agregaron los problemas propios del agotamiento, en esas circunstancias, del modelo de la convertibilidad. Tal es así que cuatro años después del fin del mandato de Menem, en 1999, un Kirchner recién llegado adoptó medidas diametralmente opuestas de modo confuso, desordenado y progresivo que se mantuvo durante los gobiernos de CFK y de Alberto Fernández, llevando a la Argentina por el sentido opuesto al desarrollado durante la década de los años noventa.
Hoy en día, según el primer DNU de Javier Milei, del 20/12/2023, “… Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, poniendo en riesgo “la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.
Señala el DNU que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración”. Para ser más claro aún remata al final de sus considerandos que “es indudable que la situación de la Argentina es extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra historia”; ya que “si bien nuestro país ha atravesado graves crisis, y muchos gobiernos se han expresado en el pasado en forma similar acerca de la gravedad de la situación que enfrentó la Argentina, la realidad indica que ninguna de las anteriores, pese a su seriedad, tuvo la magnitud y alcance de la crisis actual”.
Veamos cómo: según el DNU, “teniendo en cuenta que la inflación mensual anualizada implicaría una inflación del 300% anual, la República Argentina podría pasar a tener una tasa anual del orden del 3.600%; y “a su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, que es peor que la que había en los momentos previos a la hiperinflación de 1989, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual”. Las proyecciones, de ser ciertas, son espeluznantes, ya que, entre otras cosas, tal como lo refleja el propio DNU, llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%”.
¿Cómo se llegó hasta aquí?
Según el DNU, “… debido al accionar irresponsable del gobierno saliente”, cuyas políticas “han tenido como resultado un severo riesgo de hiperinflación”; “desequilibrios en las tarifas”; “deuda por importaciones”, “utilidades retenidas a las empresas extranjeras”; “deudas del Banco Central de la República Argentina y de YPF”; “el monto neto de la deuda contraída irresponsablemente por la administración anterior”; “que el acceso a los mercados financieros está cerrado como consecuencia de la política irresponsable de la administración anterior y el acuerdo alcanzado oportunamente con el Fondo Monetario Internacional fue incumplido por esa misma administración, limitando severamente la capacidad de acción del gobierno federal y exigiendo la adopción de medidas urgentes para revertir la delicadísima situación heredada”.
¿Cómo enfrenta el nuevo gobierno este grave cuadro de emergencia?
A través de la declaración de la emergencia pública en materia económico, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, por los próximos dos años.
En ese marco, en torno a lo que denomina las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, el nuevo Presidente de la Nación deroga 41 leyes, DNU y decretos por completo, y modifica muchísimas otras normas, a través de 15 capítulos: I. Desregulación general; II. Inserción de Argentina al mundo; III. Desregulación económica; IV. Reforma del Estado; V. Comercio Exterior; VI. Bioeconomía; VIII. Minería; VIII. Energía; IX. Aerocomercial; X. Justicia; XI: Salud; XII. Comunicación; XIII. Deportes; XIV. Sociedades; XV. Turismo; y XVI. Registro Automotor.
Algunas de esas leyes y decretos son los siguientes:
- Ley de Alquileres.
- Ley de Abastecimiento
- Ley de Góndolas
- Ley del Compre Nacional
- Ley de Promoción Industrial.
- Ley de Promoción Comercial.
- Ley del Observatorio de Precios
- La normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
- Régimen de sociedades del Estado.
- Ley de Tierras
- Ley 27.221, que regula los alquileres turísticos
- Ley 19.227, de Mercados de Interés nacional
- Ley 26.736, de producción de pasta celulosa y papel para diarios
- Ley 20.657, de Régimen para la actividad comercial de supermercados
- Ley 14.499, para la fijación de haberes de jubilados y pensionados
- Ley 25.323, que establecía la doble indemnización en casos de despido de trabajo no registrado
- Ley 14,546, Estatuto de los Viajantes de Comercio
- Ley 25.626, que prohibía la importación de neumáticos usados y recauchutados.
- Ley 18.600, que rigen los contratos de elaboración de vinos
- Ley que regula a los ingenios azucareros
- Ley 18.905, de Política Nacional Vitivinícola
- Ley 22.667, de medidas urgente para la vitivinicultura
- Ley 27.114, de «Radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate o Ilex Paraguariensis en la región productora».
- Ley 12.916, de creación de la Corporación Nacional de Olivinicultura
- Ley 18.859, de Sanidad Animal
- Ley 19.990 de Política Integral para el Algodón
- Ley 24.523, de Sistema Nacional de Comercio Minero
- Ley 24.695, Banco Nacional de Información Minera
- Ley 25.822, del Plan Federal de Transporte Eléctrico
- Decreto – Ley N° 12.507/56, de Política Nacional Aeronáutica (comienzo de política de cielos abiertos)
- Ley 19.030, de Transporte Aerocomercial
- Ley 27.113 de Producción Pública de Medicamentos
- Ley 18.828, de reglamentación de la actividad hotelera
- Ley 18.829, de reglamentación de la actividad de agencias de viaje
- Ley 26.536, que regula los sistemas turísticos de tiempo compartido (STTC)
- Decreto 1060/2000, de plazos máximos para provisión exclusiva de combustibles.
- Decreto 1491/2002 sobre exportación de energía eléctrica
- Decreto 634/2003, para redeterminar el canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una Ampliación de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
- Decreto 311/2006, de otorgamiento de préstamos reembolsables al Fondo Unificado dependiente de la Secretaría de Energía
- Decreto 1654/2002, que declaraba la emergencia en el Transporte Aerocomercial
- Decreto 743/2022, que fijaba tope a los aumentos de planes de medicina prepaga.
Se trata del DNU de mayor volumen de todos los DNU de la historia institucional argentina, de carácter totalmente inédito. También lo es la baja representación que tiene “La Libertad Avanza” en el Congreso Nacional, con apenas 38 diputados (menos de un 15%), y 7 senadores (menos de un 10%).
El 22/12/2023, el Ejecutivo convocó al Congreso por Decreto Nº76/2023 a Sesiones Extraordinarias desde el 26/12/2023 hasta el 31/01/2024 para tratar proyectos electorales como la modificación de la Ley Nº19.945 para el establecimiento de la Boleta Única de Papel, con media sanción de diputados; y tributarios como la “Ley de Impuestos a los Ingresos Personales”, ambos vedados a la competencia del DNU; y otros tales como la autorización al Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el 2024 por razones de gobierno; cuatro convenios internacionales de corte impositivo (con China, Japón, Luxemburgo y Turquía); uno de promoción y protección recíproca de inversiones (con Emiratos Árabes Unidos); otros tratados, convenios y acuerdos internacionales; así como la consideración de los acuerdos para designaciones y promociones de diplomáticos y su retiro.
Por último, pero no menos importante, se incluyó un proyecto de Ley de “Reforma de las funciones del Estado” cuyos alcances desconocemos hasta ahora.
Apuesto a creer en las buenas intenciones del gobierno de Javier Milei y de su gabinete.
Me alegro profundamente, tal como lo he explicitado en publicaciones anteriores, que la mayoría de los argentinos nos hayamos expresado a través del voto en favor del CAMBIO.
Pero quisiera advertir lo siguiente. Más allá de la orientación de los gobiernos, lo que ocurre en Argentina hace casi un siglo y que se ha reproducido de manera grotesca durante los últimos cuarenta años, es el caos institucional, la arbitrariedad, la falta de transparencia y la corrupción.
Ese es nuestro verdadero Talón de Aquiles, nuestra mayor debilidad como país.
Según una de las versiones más populares, Tetis, la madre de Aquiles, sumergió el cuerpo del niño recién nacido en las aguas del río Estigia con el fin de volverlo inmortal, pero omitió el talón de su pie derecho, desde donde lo sostenía. Esa omisión le terminó causando la muerte, al recibir una flecha envenenada allí mismo, en ese talón, durante el asedio de Troya. Esculturas y pinturas retratan tanto ese “bautismo” como esa “herida” mortal.
El Decreto PEN Nº70/2023 (DNU) es sumamente controvertido, y todavía está pendiente ver qué suerte le espera. Ojalá subsistan muchas de sus disposiciones, que van por el camino correcto.
Ahora bien, ninguno de los diez presidentes de Argentina de los últimos 40 años (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri, Fernández y Milei) han sido ni serán jamás infalibles. No son dioses ni reyes. Son ciudadanos con mayores o menores virtudes, con mayores o menores vicios, pero todos tienen algo en común: sus gobiernos no lograron mejorar nuestra calidad democrática, y Argentina es y sigue siendo, tal vez más que nunca, una democracia gravemente defectuosa.
Para quienes conocemos al Estado en profundidad, una Argentina de primer mundo es literalmente imposible con las instituciones con las que contamos. No es posible, por múltiples razones, pero fundamentalmente porque esas instituciones están rotas, no funcionan, y ese caos institucional genera arbitrariedad, falta de transparencia y una profunda y detestable corrupción. Se trata, además, de un cáncer que se expande en toda la sociedad.
Podría citar a muchísimos autores, pero les recomiendo una nota de opinión de Eduardo Singerman, un argentino radicado hace muchos años en los EE.UU., publicada el 30/07/2018 en el Buenos Aires Times: “Argentina´s systemic corruption: Understanding the causes and findind solutions”. Esas causas son básicamente dos: la concentración de poder y un sistema de justicia débil (https://www.batimes.com.ar/news/opinion-and-analysis/argentinas-systemic-corruption-understanding-the-causes-and-finding-solutions.phtml).
Me he dedicado al asunto desde hace décadas. Mi primer libro, titulado “La Corrupción y los Factores de Poder”, fue publicado en el año 1996 y se basó, entre otras experiencias comparadas, en las lecciones aprendidas en la democracia estadounidense.
Argentina necesita “institucionalidad” en todas y cada de las ramas de gobierno; en todas y cada una de sus provincias y municipios; en todas y cada una de las reparticiones del Estado.
Llama la atención que pese a “la herencia recibida” por el gobierno de Milei no existan denuncias de ningún tipo. Eso es parte del problema mayor. Es “gratis” actuar contra los intereses del país. No hay penas para quienes cometen delitos contra la Administración Pública (que son delitos contra toda la Sociedad), como el abuso de autoridad; el incumplimiento de los deberes de funcionario público; el tráfico de influencias; y todo tipo de corrupción de los funcionarios y empleados públicos.
¿Argentina va a volver a repetir la misma receta?
La reforma del Estado desde el punto de vista de su mayor o menor intervención en la economía y el cambio en la orientación de las políticas públicas en materia económico-financiera no será suficiente sin un cambio profundo en el sistema de funcionamiento del Estado.
La historia de los últimos cuarenta años así lo atestigua.
No podemos volver a repetir el mismo error.
La Agenda de Reforma del Estado, respeto del Estado de Derecho, Transparencia Activa, así como Políticas de Integridad y Anticorrupción son vitales para el éxito del corto y mediano plazo del actual gobierno, pero más aún para el éxito del largo plazo de la sociedad argentina.
El gobierno actual se irá, como los otros gobiernos, y al país le quedarán las consecuencias de sus aciertos, errores y omisiones. Hasta ahora nos fue muy mal, en gran parte por seguir deteriorando nuestra institucionalidad; por la impunidad; por la cultura imperante, ciertamente poco democrática y de escasos valores y virtudes.
Es el momento indicado para desarrollar el mayor salto institucional en la historia argentina.
Es momento de crear un Estado decente, además de eficiente y eficaz.
Al gobierno de Javier Milei le tocará dar el ejemplo. De no hacerlo, ese será su Talón de Aquiles, el mismo Talón de Aquiles de Argentina.